Más para los que más tienen y menos para los trabajadores. Esa es la consecuencia en la constante de un programa económico que busca reinstaurar un patrón de acumulación ya conocido en la Argentina: si antes convenía invertir dinero en producir, hoy cada vez más conviene poner el dinero a especular en el mercado financiero.
Sólo en medidas fiscales los que más tienen recibieron y reciben más con la progresiva eliminación del impuesto a los bienes personales, la reducción de las retenciones a la minería y el agro, la exención de las rentas financieras del impuesto a las ganancias, y la eliminación del impuesto a los autos de lujo, entre otras. Todas estas medidas implican menos recursos para el Estado, pero el argumento del gobierno nacional es la seducción a las inversiones, los menores costos y el establecimiento de reglas claras: la famosa lluvia de inversiones.
La contracara de esto son los trabajadores, que pierden con las anteriores medidas y con algunas más explícitas: recortes presupuestarios en el área de industria y de ciencia y tecnología, quita de aranceles a los productos importados que fabricamos, aumentos de hasta 400% en las tarifas de servicios esenciales, devaluación, despidos y convalidación de paritarias muy por debajo de la inflación oficial. Para estas medidas el argumento es la necesidad fiscal, la falta de recursos.
En este modelo, las provincias periféricas, y en particular las patagónicas, son las que más pierden. Si en algún momento la política fue poblar nuestro sur, hoy parece ser la inversa, la de vaciarlo bajo los ejes de la desindustrialización, el ahogo fiscal y la desmalvinización. Mientras en enero pasado se elevó la participación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los recursos coparticipables del 1,40% al 3,75% a cuenta de los ingresos nacionales, se incentiva a las provincias más vulnerables fiscalmente -como la nuestra- a que tomen deuda en dólares, cuando la capacidad de repago es prácticamente nula. Sin industria y con cada vez menos recursos propios, es el mecanismo perfecto de disciplinamiento político.
¿Qué resultados tuvieron estas medias hasta ahora? En sus propios términos fueron sumamente efectivas: mientras se registra el proceso más acelerado de sobreendeudamiento de la historia argentina y el sector financiero contabiliza ganancias extraordinarias, la industria nacional se encuentra sumergida en la recesión más profunda de los últimos doce años. Hasta el momento, son 5.000 los puestos de trabajo destruidos en nuestra provincia, de un total de 130.000 a nivel nacional según cifras oficiales. Pero lamentablemente no creemos que esto acabe acá. Nuestra propia historia y la vasta experiencia internacional nos dice que este modelo así planteado, termina exigiendo más deuda y más ajuste, y por lo tanto menos industria nacional, y en el mediano plazo no existe política social que pueda contener sus consecuencias, y en esta secuencia, los beneficios fiscales de nuestro régimen de promoción industrial son mirados por todos como una posible próxima variable de ajuste.
La discusión sobre la reforma de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias entra entre las medidas donde los trabajadores pierden. Si en diciembre de 2015 lo pagaban un millón de trabajadores, el 10% de la población activa, hoy lo pagan dos millones, el doble. Como señalamos, el argumento para no recomponer esta situación es la de la necesidad fiscal. Por eso se inflan los datos del impacto del proyecto aprobado en la Cámara de Diputados: el titular de la AFIP llegó a decir que el costo fiscal bruto del proyecto era de 132.541 millones de pesos –y localmente se hicieron eco diciendo que nuestra provincia dejaría de percibir 666 millones-, que es casi suponer que el impuesto sobre el trabajo personal desaparece, porque la cuarta categoría recauda alrededor de 140 mil millones de pesos en total. Este falseamiento tiene más que ver con el objetivo de construir percepciones que de la intención de ofrecer datos duros para una mejor comprensión de la situación.
Para nuestra provincia sólo la baja en las retenciones de la soja y la derogación del régimen de reembolso a las exportaciones por puertos patagónicos significarán la pérdida de aproximadamente 500 millones en 2017. De esto no se habla, pero si se infla el costo fiscal del proyecto de ganancias para presionar a los gobernadores, dado que el gobierno nacional llegó a plantear que el costo fiscal se pagaría con transferencias a las provincias que no se harían en 2017. En este escenario, las provincias reproducen mecanismos similares con los municipios, que es lo que estamos viendo con la coparticipación municipal o con el cobro al impuesto inmobiliario.
Estamos convencidos que existen alternativas. Las provincias pueden hacer valer su peso político, reafirmar sus autonomías y plantear todas juntas, que se favorezca el mercado interno y las economías regionales con medidas que apunten un proyecto de industrialización federal, como el que vivimos en Tierra del Fuego con la industria electrónica. Estimular el crecimiento vía demanda interna, es decir, aumentado el poder adquisitivo de los trabajadores y haciendo valer sus derechos. En ese sentido, la reducción de la carga del impuesto a las ganancias por la cuarta categoría, que es la que pagan los trabajadores, es una medida contracíclica que ayudará a reactivar el consumo y la economía que se encuentra en franca recesión, aumentando por otra parte, la recaudación fiscal y los fondos coparticipables a las provincias y municipios. Nuestra provincia es un caso paradigmático, ya que sería beneficiada por la mayor demanda de los productos que fabricamos y por la recuperación de la recaudación fiscal si se logra revertir la actual crisis socio-económica. De lo contrario, lo que vendrá será más ajuste y también seremos un caso paradigmático, esta vez no por lo ganado sino por lo que podemos perder.
