El 9 de febrero de 2017, el Gobierno de la Alianza Cambiemos lanzó el Plan Patagonia, un supuesto proyecto integral para el desarrollo de la región sur del país. Pese a la abultada prensa que la ambiciosa iniciativa tuvo desde su lanzamiento, hoy, 18 meses después, las inversiones en infraestructura en la Patagonia han sido marginales. El caso de la paralización de la construcción del gasoducto Pico Truncado – Perito Moreno – Los Antiguos, el cual debía terminarse a fines de 2016, es ejemplificador. Esta obra no solo reemplazaba el uso residencial de GLP indiluido, sino que era repagada mediante el mecanismo del “subsidio evitado” (Ley 26.019). Pese a esto, la obra sigue parada como la inmensa mayoría de las 208 pautadas en el marco del Plan Patagonia, las cuales siguen en etapa de factibilidad y las perspectivas no son auspiciosas.

Como gran parte de los proyectos oficialistas, el Plan Patagonia quedó a la deriva con el resquebrajamiento del modelo económico y la vulnerabilidad extrema de las cuentas públicas. La masiva fuga de capitales, la mega devaluación y el pedido de auxilio desesperado al FMI han puesto en el centro de la escena la profundización del ajuste fiscal y la intensificación del recorte presupuestario en el plano nacional y provincial.

En esta carrera desesperada por acotar el déficit para alcanzar las metas fiscales impuestas por la titular del FMI, Christine Lagarde, el ministro Nicolás Dujoven ha deslizado el posible desmantelamiento del sistema de promoción de la región patagónica como atajo para que el déficit primario pase de 2.7% a 1.3% del PBI. Lamentablemente, lo que ayer era el Plan Patagonia parece haber mutado en el “Gran Ajuste Austral”.

Esta intención de hacer recaer sobre los patagónicos la debacle económica producida por un modelo que favorece sistemáticamente los intereses de los grupos financieros y desprecia la producción industrial, es una confirmación de la mirada centralista de la gestión Macri. Esto irrita más aún cuando queda evidenciado que uno de los ejes en donde se pretende concentrar el ajuste es en el subsidio al gas y a los combustibles.

Los subsidios energéticos a la Patagonia son fundamentales por ser la zona más fría del país. Para los hogares de la región la electricidad y el gas resultan bienes de primera necesidad. Por ejemplo, en Esquel la temperatura promedio anual es de 9° grados, en Río Gallegos 7,2° grados y en Ushuaia 5,3° grados.  Todos los patagónicos sabemos que el consumo de gas es una necesidad básica y una condición de posibilidad para el bienestar de nuestras familias. También sabemos que el aumento sistemático de las tarifas en estos dos años y medio (el acumulado desde la asunción de Macri alcanza casi el 1000%) ha impactado en el derecho a un hábitat seguro y confortable.

Un informe elaborado por el Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (OETEC) demuestra el impacto del aumento de tarifas en el consumo doméstico patagónico. Ya en 2016, cuando solo habían tenido lugar una primera etapa del aumento tarifario, la demanda de gas en las provincias de Chubut y Santa Cruz registraron un impresionante descenso, pasando de un aumento del 4,9%  en 2015 a una caída del 5,3% en 2016.  Asimismo, solamente en la provincia de Santa Cruz la incorporación de nuevos usuarios al servicio de gas por redes cayó un 26,4% en 2017, acumulando un desplome del 41% respecto de 2015. En ese entonces, el OETEC hablaba de un apagón gasífero en la Patagonia, y eso que aún estábamos lejos de las exportaciones ilimitadas de gas a Chile (comenzarían en dos meses).

Para comprender la gravedad de este escenario, el OETEC introduce también el concepto de “pobreza energética”, el cual lo define a partir del documento de la Unión Europea denominado “Energy Poverty Handbook – 2016”. Según este trabajo “Un hogar sufre de Pobreza Energética si para mantener satisfactoriamente una temperatura adecuada (régimen de calefacción adecuada), requiere gastar más del 10% de sus ingresos totales en energía. Si es 20% del ingreso lo requerido, entonces el hogar pasa a estar en situación de extrema pobreza. De acuerdo a estándares de la OMS, un régimen de calefacción satisfactorio para un hogar es de 23 grados centígrados en el living y 18 en otros ambientes (Energy Action Scotland, 2016)”.

El impacto del aumento de tarifas desde diciembre de 2015 hasta a la fecha ha arrojado a miles de familias patagónicas por debajo de la línea de Pobreza Energética. La tendencia viene profundizándose y las perspectivas son alarmantes si se tiene en cuenta que actualmente casi el 50% de la tarifa de gas en la Patagonia es compensada a través del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas. Este es justamente uno de los mecanismos de promoción contemplados para la región patagónica que el Gobierno Nacional prevé eliminar como parte del plan de ajuste de cara al presupuesto para el ejercicio 2019.

Conociendo el carácter vital que el acceso al gas tiene para la población patagónica y previendo que la estrecha mirada centralista y desreguladora de la gestión Cambiemos podría atentar contra las compensaciones para nuestra región, desde 2016 venimos presentando proyectos en el ámbito del Congreso e insistiendo en la necesidad de prorrogar por ley hasta el año 2030 la vigencia del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas.

Es fundamental defender el acceso al gas de todas las familias patagónicas. De ninguna manera podemos permitir que la lógica del mercado emanada de las 100 manzanas ricas de la Ciudad de Buenos Aires ponga en riesgo la salud y la calidad de vida de nuestras comunidades. Como ciudadanos de un territorio bendecido con abundantes recursos hidrocarburíferos, debemos hacer valer nuestros derechos. Unidad, coherencia y convicción son el mejor camino para ello.

 

Martín A. Pérez (Diputado Nacional por Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur)

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