Desde el inicio del gobierno de la Alianza Cambiemos los derechos de los adultos mayores de nuestro país vienen siendo vulnerados. Con preocupación hemos advertido y denunciado el vertiginoso deterioro del PAMI y sus prestaciones, haciéndonos eco de la angustia de millones de jubilados.

Lamentamos confirmar nuestras sospechas de que el ajuste en medicamentos y prestaciones a nuestros abuelos era solo el comienzo. La semana pasada, el nuevo director del PAMI Sergio Cassinotti, firmó la Resolución N° 956 que transforma a la Obras Social más grande de América Latina en la “Fundación INSSJP-PAMI”, lo cual representa un paso decisivo hacia la privatización del organismo.

Esta medida es de suma gravedad ya que con esta resolución el Estado Nacional se desliga de toda responsabilidad del PAMI, quedando la administración de los importantes fondos bajo la opaca figura de una ONG regida por el derecho privado. Esto no es otra cosa que una privatización camuflada, lo cual implica el fin de los controles estatales, la posibilidad de realizar compras directas sin necesidad de llamar a licitaciones públicas y la posibilidad de recibir “donaciones” de privados a cambio de beneficios en la adjudicación de prestaciones.

En síntesis, se abre la puerta para nuevos negocios con los recursos de los aportantes al INSSJP-PAMI, que no son sólo sus afiliados sino todos los trabajadores que, por ley, aportan para la cobertura de nuestros adultos mayores más necesitados.

Conozco de cerca la importancia que el PAMI tiene en el bienestar y cuidado de nuestros adultos mayores, por eso es inaceptable que Mauricio Macri y sus funcionarios piensen su salud como un negocio.

Los abuelos de Tierra del Fuego saben que cuentan conmigo. No podemos resignarnos. Mi compromiso es seguir trabajando para revertir este presente recuperando en el Congreso los derechos que les quitaron.

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